Imputaron a Caputo por la emisión del bono a cien años

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Es por administración fraudulenta y cohecho internacional. La causa está en manos del juez Ariel Lijo.

 

El ministro de Finanzas, Luis Caputo, fue imputado este martes por administración fraudulenta. La decisión la tomó el fiscal federal Juan Pedro Zoni al considerar que la emisión de 2.750 millones de dólares con un bono a cien años que anunció el lunes pasado podría haber implicado “conductas delictivas en perjuicio de la Administración Publica Nacional”.

 

El requerimiento fiscal pidió al juez federal Ariel Lijo abrir la causa para investigar la emisión de deuda pública y disponer una serie de medidas y diligencias de prueba. Hasta el momento, el Gobierno no hizo públicos los términos de la emisión de la deuda, lo que acarreó críticas y sospechas sobre la legalidad y la adecuación al interés nacional de la emisión.

 

Como adelantó LPO, la denuncia la realizó el viernes pasado un grupo de catorce diputados del Frente para la Victoria encabezado por el neuquino Darío Martínez por posible “administración fraudulenta y cohecho transnacional” contra el presiente Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña y el ministro de Finanzas, Luis Caputo. Sin embargo, el fiscal Zoni decidió imputar solamente al ministro. Su pedido recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°4.

 

Según los denunciantes, la emisión que paga un cupón de 7,125% por cien años es “una ruinosa operación para los intereses del Estado, del fisco y del pueblo argentino de hoy y de las futuras generaciones”.

 

“Esta escandalosa operación financiera que perjudica objetivamente los intereses argentinos, y solo beneficia a los inversores que adquirieron estos bonos, es un claro acto de administración contra los intereses del Estado llevado a cabo por el presidente Mauricio Macri; el jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña; y los ministros Luis Caputo y Nicolás Dujovne”, agregaron los denunciantes.

 

El fiscal Zoni, por su parte, es uno de los referentes de Justicia Legítima, la agrupación judicial identificado al kirchnerismo, y muy cercano a la procuradora general Alejandra Gils Carbó, quien mantiene su cargo pese a la voluntad del Poder Ejecutivo.

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